En la sentencia 26674-2022, la Sala Constitucional conoció de un recurso de amparo interpuesto por una persona contra la Municipalidad de Alajuela. La recurrente tenía pendiente el pago del impuesto sobre bienes inmuebles de su propiedad y el pago del servicio de recolección de basura. La recurrente realizó un abono al pago de sus deudas, pero solicitó expresamente que ese pago se abonara al pago del impuesto sobre bienes inmuebles y no al pago de la recolección de basura. La Municipalidad no atendió esta gestión y abonó el pago a la deuda más antigua. Este fue uno de los motivos por los cuales la recurrente acudió a la Sala Constitucional alegando la violación de sus derechos constitucionales.

La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el recurso de amparo. En su sentencia, la Sala le recordó a la Municipalidad que en virtud el artículo 44 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y del artículo 9 del Reglamento de Procedimiento Tributario “[…] en caso del pago de un tributo por parte de un contribuyente, en este caso sea el pago del impuesto por bienes inmuebles por parte de la tutelada, el mismo debe ser imputado por la Administración, de acuerdo a lo indicado por el contribuyente. Es decir, en este caso, al haber señalado la tutelada que el pago efectuado correspondía al pago del impuesto por bienes inmuebles, este debió acreditarse así a tal tributo y no debió abonar este a la deuda más antigua. Nótese que lo anterior procede únicamente en caso de que el contribuyente no realice la imputación del pago, lo cual en este caso sí ocurrió.”

Lo anterior significa que aquellas personas que se encuentren en una situación similar podrían acudir ante la Sala Constitucional a reclamar la violación de sus derechos.

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M.Sc. Ana Isabel Sibaja Rojas

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In its judgment 26674-2022, the Constitutional Court heard a writ of amparo filed by a person against the Municipality of Alajuela. The plaintiff had pending the payment of the tax on real estate owned by her and the payment of the garbage collection service. The plaintiff made a payment, but expressly requested that this payment be attributed to the payment of the real estate tax and not to the payment of garbage collection. The Municipality did not grant the petition. This was one of the reasons why the plaintiff took her case to the Constitutional Court alleging the violation of her constitutional rights.

The Constitutional Court granted, in part, the writ of amparo. In its ruling, the Court reminded the Municipality that by virtue of article 44 of the Code of Tax Rules and Procedures and article 9 of the Tax Procedure Regulations “[…] in the event of payment of a tax by a taxpayer, in this case, it is the payment of the real estate tax by the plaintiff, it must be imputed by the Administration, according to what is indicated by the taxpayer. That is to say, in this case, since the plaintiff had indicated that the payment be attributed to the payment of the real estate tax, this should have been credited to such tax and not to the oldest debt. Note that the foregoing applies only in the event that the taxpayer does not make the payment allocation, which in this case did occur.»

This means that those people who are in a similar situation could challenge the Municipality’s decision before the Constitutional Court.

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En la sentencia 26671-2022, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra la Defensoría de los Habitantes. El recurso de amparo fue interpuesto por el sindicato de la institución. El Tribunal encontró que la Defensoría había incurrido en dos violaciones de derechos constitucionales.

La primera violación fue respecto al acceso a la información. El sindicato le había solicitado al Despacho de la Defensora dos documentos. El Despacho negó el acceso a uno de ellos por considerar que “lo que se dijo es lo único que se puede informar, por cuanto lo demás no es de acceso público”. La Defensoría no brindó otras razones. En la sentencia, la Sala Constitucional concluyó que la Defensoría vulneró el derecho de acceso a la información de la recurrente porque no indicó cuál contenido de los documentos era confidencial y cuál no, ni explicó los motivos por los cuales consideraba que cierta información no era de acceso público.

La segunda violación que encontró la Sala fue respecto al derecho de petición. El otro documento solicitado por el sindicato no estaba en manos del Despacho de la Defensora. Por este motivo el Despacho pidió al sindicato dirigir su solicitud a otra oficina dentro de la misma institución. La Sala concluyó que el Despacho debió haber redirigido la gestión a la oficina correspondiente para que esta atendiera la gestión y le diera respuesta al sindicato. En este sentido, la Sala enfatizó que “el hecho de simplemente indicarle al tutelado cuál órgano de esa misma dependencia tenía la información de interés, no implica que se haya cumplido con el contenido en los ordinales 27 y 30 de la Constitución Política”.

En CELIG consideramos que esta sentencia es de particular interés porque establece dos conclusiones importantes. La primera es que toda institución está obligada a indicar el motivo por el cual considera que cierta información no es de acceso público. La segunda es que esta sentencia reitera que, si una persona dirige una gestión a la oficina incorrecta, esa oficina está obligada a redirigir la gestión a la oficina correspondiente. 

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In judgment 26671-2022, the Constitutional Court granted a writ of amparo against the Ombudsman. The amparo was filed by the union of the institution. The Court found that the Ombudsman had infringed upon two constitutional rights.

The first violation was regarding access to information. The union had requested two documents from the Ombudsman’s Office. The Office denied access to one of them because it considered that «what was said is the only thing that can be reported, since the rest is not publicly accessible.» The Ombudsman did not provide other reasons. In the ruling, the Constitutional Court concluded that the Ombudsman violated the plaintiff´s right of access to information because it did not indicate which content of the documents was confidential and which was not, nor did it explain the reasons why it considered that certain information was not of public access.

The second violation found by the Court was regarding the right to petition. The other document requested by the union was not in the Ombudsman´s Office. For this reason, the Office asked the union to direct its request to another office within the same institution. The Court concluded that the Office should have redirected the request to the corresponding office so that it could entertain the request and provide a response to the union. In this sense, the Court emphasized that «the fact of simply indicating to the union which organ of that same unit had the information of interest, does not imply that the content of ordinals 27 and 30 of the Constitution has been complied with.»

At CELIG we consider this judgment to be of particular interest because it establishes two important conclusions. The first one is that every institution is obliged to indicate the reason why it considers that certain information is not publicly accessible. The second one is that this judgment reiterates that if a person directs a request to the wrong office, that office is obliged to redirect the request to the competent office.

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El ciudadano reclamó ante la Sala que el cuerpo de quien en vida había sido su esposa, había sido ubicado en una fosa común por parte de la Junta. El ciudadano reclamó que la Junta tomó esta decisión en violación de sus derechos.

La Sala tuvo por demostrado que el ciudadano había firmado un contrato de arrendamiento de nicho por 5 años con la Junta Administrativa del Cementerio. Este contrato venció en 2020. La Junta le comunicó al ciudadano la decisión de no renovar más el contrato de arrendamiento del nicho por la emergencia causada por el COVID-19 y que, por este motivo, tenía dos opciones: exhumar el cuerpo o bien alquilar un osario privado. Posteriormente la Junta realizó por su propia cuenta la exhumación del cuerpo y lo colocó en una fosa común, sin darle la opción al ciudadano de renovar el contrato de arrendamiento de nicho.

El Alto Tribunal consideró que las razones dadas por la Junta Administrativa para no renovar el contrato de arrendamiento de nicho no eran justificadas. La Sala reiteró que toda persona tiene derecho a una sepultura digna y por ello ordenó a la Junta Administrativa que renovara el contrato de arrendamiento de nicho y que colocara el cuerpo en una bóveda u osario privado en los términos establecidos en el contrato.

Este precedente demuestra las alternativas judiciales que podría tener una persona que considere que el derecho de un familiar o ser querido a una sepultura digna ha sido vulnerado. El recurso de amparo es un mecanismo ágil y sencillo para garantizar este derecho.

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The citizen claimed before the Court that the remains of the person who had been his wife had been placed in a common grave by the Board. The citizen claimed that the Board made this decision in violation of his rights.

The Court found that the citizen had signed a 5-year niche lease with the Administrative Board of the Cemetery. This contract expired in 2020. The Board informed the citizen of the decision not to renew the lease of the niche due to the emergency caused by COVID-19 and, for this reason, he had two options: exhume the body or rent a private ossuary. Subsequently, the Board carried out the exhumation of the body at its own expense and placed it in a common grave, without giving the citizen the option of renewing the lease of the niche.

The High Court considered that the reasons given by the Administrative Board for not renewing the niche lease were not justified. The Chamber reiterated that every person has the right to a dignified burial. Accordingly, it ordered the Administrative Board to renew the lease of the niche and to place the human remains in a private vault or ossuary under the terms established in the contract.

This precedent highlights the judicial alternatives that a person who considers that the right of a family member or loved one to a dignified burial has been violated could have. The writ of amparo is an agile and simple mechanism to guarantee this right.

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La OAPVD es una oficina del Poder Judicial que tiene dos programas: el de atención y el de protección. Los servicios que brindan son: “ (…) atención psicológica individual y grupal, asistencia social, asesoría jurídica en cuanto al proceso penal, derechos de las víctimas y el estado de sus casos, acompañamientos a distintas diligencias judiciales, contacto con redes sociales de apoyo, referencias a otras instituciones de ayuda médica y social y protección. Así como todas las medidas extraprocesales necesarias para garantizar la integridad física de las personas y sus familiares incluidos dentro del Programa de Protección” (https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/index.php/atencion-y-proteccion-a-la-victima).

En caso de que la persona califique para medidas de protección según el equipo interdisciplinario, estas medidas pueden revisarse cada seis meses o bien cuando exista un cambio de circunstancias que amerite una nueva revisión.

Los servicios de la OAPDVD son gratuitos. El único requisito para calificar para los servicios de esta oficina es ser víctima de un delito, para lo cual la persona debe plantear una denuncia ante la instancia penal competente.

Los servicios de la OAPVD pueden ser de particular interés para personas del colectivo que tienen temor de denunciar algún delito del que han sido víctimas.

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The OAPVD is an office of the Judiciary that has two programs: assistance and protection. The services they provide are: “(…) individual and group psychological care, social assistance, legal advice regarding criminal proceedings, victims’ rights and the status of their cases, accompaniment to different legal proceedings, contact with social support networks, referrals to other institutions for medical and social assistance and protection. As well as all the necessary extra-procedural measures to guarantee the physical integrity of the person and their families included in the Protection Program” (https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/index.php/atencion-y-proteccion- to-the-victim).

In the event that the person qualifies for protection measures according to the interdisciplinary team, these measures can be reviewed every six months or when there is a change in circumstances that warrants a new review.

OAPDVD’s services are free. The only requirement to qualify for their services is to be the victim of a crime, which requires a formal filing of a complaint with the competent criminal authority (i.e., pressing charges).

The services of the OAPVD may be of particular interest to members of the LGBTQI+ community who are afraid to report a crime of which they have been victims.

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En la sentencia 12580-2022 la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por una persona con discapacidad visual por no tener acceso a un expediente en un formato accesible para él. La persona recurrente es una persona con discapacidad visual quien es parte en un proceso penal. En el recurso reclamó que no había podido tener acceso al expediente judicial en un formato accesible para él y que esto lo había dejado indefenso en el proceso.

La Sala Constitucional determinó que, como parte del derecho constitucional a la defensa, toda persona – sin discriminación – contra la cual se tramita una causa tiene derecho a tener acceso al expediente para preparar su defensa. En el caso de personas con discapacidad visual esto implica que la información del expediente esté disponible en un formato accesible. La Sala Constitucional concluyó que en el caso concreto a la persona recurrente no se le había facilitado la información del expediente judicial en un formato accesible tomando en cuenta su condición de discapacidad. Tomando en cuenta lo anterior la Sala concluyó que se habían vulnerado los derechos de acceso a la justicia y de defensa del recurrente porque no tuvo acceso al expediente en un formato accesible para su condición de discapacidad.

Si bien el caso no versó sobre una persona de la comunidad LGBTQI+, en CELIG consideramos que este caso sienta un importante precedente que también podría ser aplicable para personas del colectivo que tengan alguna condición de discapacidad.

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In judgment 12580-2022, the Constitutional Chamber upheld a writ of amparo filed by a visually impaired person for not having access to a file in an accessible format for him. The claimant is a visually impaired person who is a party to a criminal proceeding. In the amparo, he claimed that he had not been able to access the judicial file in an accessible format for him and that this had left him defenseless in the process.

The Constitutional Chamber determined that, as part of the constitutional right to defense, any person – without discrimination – against whom a case is processed has the right to have access to the file to prepare their defense. In the case of visually impaired people, this implies that the information in the file is available in an accessible format. The Constitutional Chamber concluded that in the specific case, the claimant had not been provided with the information in the judicial file in an accessible format, taking into account his disability status. Because of this, the Chamber concluded that the claimant’s rights of access to justice and defense had been violated because he did not have access to the file in an accessible format due to his disability condition.

Although the case was not about a person from the LGBTQI+ community, at CELIG we believe that this case sets an important precedent that could also be applicable to members of the LGBTIQI+  who have some disability condition.

At CELIG we provide specialized services to the LGBTQI+ community. If you want more information or make an appointment with us, call us at 2253-0256/ 22450855 or write to us at info@celigcr.com.

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